Destrucción, confiscaciones y expropiaciones ilegales y de bienes y propiedades

Arte: La Fritanga

Alertamos a la opinión pública nacional e internacional. La dictadura Ortega-Murillo ordenó a la policía tomarse otra vez la redacción de Confidencial y Esta Semana hoy a las 10 p.m. No nos callarán. Seguiremos denunciando el asalto fascista… Si acaso pretenden alegar que están ocupando un inmueble y empresas propiedad de la ONG perseguida, CINCO, la emplazo a que lo demuestre. Es totalmente falso… La dictadura emitió una orden a través del Ministerio de Gobernación para apropiarse de los bienes de las ONG a las que cancelaron sus personerías. Confidencial no pertenece a una ONG, sino a una sociedad anónima. No a la confiscación!… si el objetivo de este triple ataque contra la libertad de prensa, libertad de expresión y la libertad de empresa era cerrarnos, callarnos o intimidarnos, esta noche le decimos a la dictadura: Aquí estamos, las ideas no se matan. Los periodistas tenemos un compromiso sagrado con la verdad y seguiremos informando, investigando y fiscalizando el poder, y denunciando la corrupción y los atropellos de la dictadura.
Carlos Fernando Chamorro^[1], declaraciones recopiladas en Confidencial (2018b)

En el marco de la crisis de DDHH, se denunció que como represalia se confiscaron bienes y propiedad de personas naturales y jurídicas; y se dieron ocupaciones irregulares de terrenos privados.

El GIEI indicó que las afectaciones al derecho a la propiedad podrían estar incluidas en el crimen de lesa humanidad de “persecución” pues:

Si bien los hechos de asesinatos, torturas, encarcelaciones y violaciones podrían configurar el crimen de lesa humanidad de persecución, los actos de persecución no se limitan a ellos… Otras privaciones de derechos fundamentales de gravedad comparable también podrían constituir el crimen de persecución…  Pero también hay documentadas violaciones de derechos a la integridad, a la libertad y la seguridad de las personas, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, y al debido proceso, así como afectaciones graves al derecho de propiedad, entre otros. (2018, p. 233).

También indicó que hubo una “configuración reiterada del delito de expropiación y ocupación de tierras” (2018, p. 351).

Para efectos de este hecho victimizante, se separa del “6 – Persecución” por la magnitud y sistematicidad de las confiscaciones y expropiaciones.

Respecto a confiscaciones a organizaciones de la sociedad civil, se registraron hasta la fecha la cancelación de la personería jurídica de 9 organizaciones^[2], las cuales en su mayoría fueron acompañadas de expropiaciones de propiedades y bienes (Expediente Público, 2020), así como 3 sociedades comerciales^[3](Popol Na, 2020, p. 39) y 2 medios afectados^[4] por este tipo de actos (OACNUDH, 2018b, p.6).

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC) reportó que entre junio y agosto de 2018 se ocuparon 9 800 manzanas de tierra, en el occidente, norte y sur del país, de las cuales 66% eran de uso agrícola y 24% de uso pecuario. Al 10 de abril de 2019 UPANIC reportó que continuaban ocupadas 29 propiedades en 7 departamentos que representaban 4 673 manzanas pertenecientes a 18 personas. UPANIC calcula pérdidas económicas relacionadas a estos actos en USD 24.5 millones y que alrededor de 9 010 personas perdieron sus empleos como consecuencia (El Nuevo Diario, 2019).

Se observaron además denuncias de personas presas políticas que durante su detención les fueron confiscados bienes como celulares, documentos personales, dinero, artículos de trabajo, vehículos, entre otros, que no fueron devueltos en el momento de su excarcelación. O que durante su detención se destruyeron bienes en sus viviendas al momento de ser allanadas. No se encontró una contabilización pública respecto a los bienes confiscados o destruidos a personas presas políticas.

Autores identificados por las víctimas u organismos de DDHH:

• Policía Nacional (Popol Na, 2021, p.41).
• Ministerio de Gobernación (Popol Na, 2021, p.39).
• Asamblea Nacional^[5] (Popol Na, 2021, p.40).
• Alcaldías (Confidencial, 2018c).
• Grupos progubernamentales: las tomas de tierra fueron coordinadas por personas armadas nombradas por el FSLN (Confidencial, 2018c), y allanamientos ilegales provocados a partir de listas levantadas por estructuras partidarias (CIDH, 2020c, p. 28).

Estos actos podrían ser violatorios del Derecho a la Propiedad Privada  contemplado en el artículo 21 de la CADH de la OEA (1969) que indica en su inciso 2 indica: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.

En relación a los cierres y confiscaciones a medios de comunicación, la Corte IDH señaló en el caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela que se violaron los derechos de libertad de expresión (Artículo 13), el derecho al debido proceso, el  derecho de ser oído y el de las garantías judiciales (Artículo 8.1) y que al usarse mecanismos administrativos para “acallar al medio de comunicación.. dicho propósito contraviene las garantías previstas por el artículo 8 de la Convención” (Corte IDH, 2015). A la luz de este caso, se pueden encontrar violaciones de los derechos contemplados en la CADH por confiscaciones a medios de comunicación.

OACNUDH informó sobre 2 medios afectados por este tipo de actos:

• Confidencial: El 13 de diciembre, las instalaciones del medio de comunicación en internet Confidencial y del programa de televisión “Esta Semana” –ambos dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro– fueron allanados por la policía. Bajo el pretexto de estas buscando las instalaciones de la organización de la sociedad civil CINCO (ubicada en otro lugar), la policía incautó documentos, cámaras y otros equipos, incluyendo los de comunicación y la edición. El 17 de diciembre, el señor Chamorro presentó un recurso de amparo que, en el momento de redactarse este boletín, aún estaba pendiente de decisión judicial.
• 100% Noticias: Durante la noche del 21 de diciembre, la policía allanó la sede de 100% Noticias y arrestó a su propietario y director, el periodista Miguel Mora, a la directora de noticias Lucia Pineda Ubau, y a la periodista Verónica Chávez (esposa de Miguel Mora). Los tres periodistas fueron llevados a El Chipote. Mientras que Verónica Chávez fue liberada alrededor de unas cuatro horas después, Miguel Mora fue, según sus abogados, golpeado por agentes de la policía. Él y Lucia Pineda Ubau fueron acusados por el Ministerio Público de incitación al odio y de delitos relacionados con terrorismo. Ambos permanecen detenidos a la espera de su audiencia inicial de juicio, programada para el 25 de enero de 2019. El juez a cargo del caso adoptó medidas cautelares, incluidas el cierre temporal del medio de comunicación y la congelación de bienes y cuentas bancarias (2018b, p. 6).

En diciembre de 2020, a 2 años de las confiscaciones ilegales a las 9 organizaciones sociales y los 2 medios de comunicación, se instalaron rótulos afuera de las instalaciones que indican que ahora le pertenecen al Ministerio de Salud, lo cual fue catalogado como la oficialización de las confiscaciones (Confidencial, 2020e).

Respecto a las ocupaciones de tierra, se incluye como hecho victimizante debido a la responsabilidad del Estado en estos actos, tal como lo señaló OACNUDH “las autoridades gubernamentales han promovido activamente y apoyado dichas ocupaciones, inclusive a través de la emisión fraudulenta de títulos de propiedad y brindando acceso a electricidad y agua, en lo que algunos consideran una campaña deliberada de intimidación al sector privado por ser percibidos como opositores al Gobierno” (2018, p. 22.) El GIEI también relató la responsabilidad del Estado en el hecho:

“El reclutamiento de personas para participar en la represión mediante la promesa de tierras se confirma en varios videos que se difundieron cuando algunas de estas tierras luego les fueron quitadas. Allí puede verse cómo varias personas explican cómo se les otorgaron esas tierras, cuentan que fue a cambio de acciones a favor del gobierno y en contra de los manifestantes… La toma de tierras organizada por el gobierno, además de una forma de recompensa -momentánea- a participantes en la represión, parece haber tenido también como objetivo presionar al sector privado que intervenía en las negociaciones de la Mesa de Diálogo” (2018, p. 191).

Las personas que ocuparon de manera irregular las tierras tienen diversos perfiles, algunas participaron directa o indirectamente (a través de familiares) en la represión a los tranques, otro grupo de personas recibieron una parcela a cambio de garantizar su apoyo al Gobierno, otras acudieron al lugar porque era la única forma que veían posible para acceder a un lote, también los hubo quienes las recibieron por haber asistido a las rotondas a agitar banderas sandinistas e incluso había quienes se dedican a las tomas de tierras como un método de sobrevivencia (Confidencial, 2018c).

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Notas

^[1] Director del medio Confidencial, allanado y confiscado el 13 de diciembre de 2018.

^[2] Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Fundación del Río, Fundación Popol Na, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS),  Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE) y Hagamos Democracia (HADEMOS).

^[3] Invermedia, Promedia y Cabal.

^[4] Confidencial y 100% Noticias.

^[5] Las solicitudes de cancelación de organizaciones de sociedad civil, en todos los casos, fueron presentadas con carácter de urgencia por el diputado del FSLN, Filiberto Rodríguez. (Popol Na, 2021, p.40)