Expulsiones y despidos arbitrarios

Arte: The Introvert Bee

Me solicitaron firmar una carta de compromiso para defender al Gobierno ante las manifestaciones y realizar actividades de apoyo a este. Me negué alegando que no me formé para estar en rotondas ni para política. De un día para otro, me despidieron. No fui apta al puesto por no poseer un aval político del partido. Solamente los simpatizantes del partido o personas que aceptan estas condiciones son aptas para trabajar en el gobierno y en muchas empresas privadas que son de la familia gobernante, los que están dispuestos a agredir a las marchas pacíficas, estar cuidando rotondas o duplicar y triplicar votos. También tiene que estar anuente a ofrecer 10% de su salario para el partido.
Testimonio de trabajadora^[1] del Estado recibido por la CIDH en Managua (2018b, p. 59)

A raíz de las protestas en 2018, se denunció que como método de represalia se expulsaron a estudiantes y docentes de la comunidad universitaria, a personal de salud y a otros funcionarios y funcionarias públicas.

Para el GIEI las acciones de represalia como los despidos arbitrarios “no puede entenderse como una acción desvinculada de la persecución política a opositores” (2018, p. 211). OACNUDH señaló también que “despidos arbitrarios de funcionarios públicos y otras formas de acoso e intimidación en contra de aquellos percibidos como críticos del Gobierno” son parte de la grave crisis de derechos humanos en el país (2018, p. 8).

Por lo tanto, siguiendo lo propuesto por el GIEI, este tipo de hechos podrían estar incluidos en el crimen de lesa humanidad de “persecución” pues “si bien los hechos de asesinatos, torturas, encarcelaciones y violaciones podrían configurar el crimen de lesa humanidad de persecución, los actos de persecución no se limitan a ellos” (2018, p. 233). Pero para efectos de este hecho victimizante, se separa del “6 – Persecución” por la magnitud y sistematicidad de las expulsiones y despidos arbitrarios.

Al 31 de diciembre de 2020 la CIDH indica que hay más de 405 profesionales de la salud despedidos y 150 estudiantes expulsados como represalia (2020b, p.1). La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), reporta 108 despidos arbitrarios de docentes y personal administrativo de universidades públicas (2019).

Autores identificados por las víctimas u organismos de DDHH: autoridades de las unidades de salud, recintos universitarios o escuelas.

La Corte-IDH ha indicado que en casos de despidos arbitrarios^[3], que el Estado viola los derechos a Garantías Judiciales y Protección Judicial contemplados en los  Artículos 8 y 25 de la CADH de la OEA (1969) cuando no hay “ningún procedimiento administrativo se llevó a cabo antes de tomarse la determinación de proceder a los despidos y …  se realizaron sin respeto a las garantías mínimas”. (Corte-IDH, 2001, p. 11) y cuando se pierden los derechos a ser oídos, a acceder a un juez o tribunal independiente, imparcial y competente.

El International Service for Human Rights (ISHR) en su Manual sobre represalias indica además que “muchos casos de intimidación y represalias tienen lugar en un contexto de hostigamiento sistemático, de amenazas y de ataques contra personas defensoras de los derechos humanos. Las represalias a menudo son hechas por poderosos agentes del Estado, como la policía, el ejército o las fuerzas de seguridad, o el Poder Judicial, que actúan para proteger al Estado de las críticas”. (2018, p. 5)

Información adicional

El patrón de despidos arbitrarios a personal de salud se repitió en 2020 durante la pandemia de coronavirus, el Observatorio Ciudadano de COVID-19 indicó que por lo menos 31 profesionales de la salud habían sido despedidos entre el  22 de abril y el 24 de junio de 2020 (2020, p. 7). Las víctimas han indicado como posible causa de despido la exigencia que hicieron al Estado en tomar medidas contundentes y transparentar la información sobre casos y muertes relacionados a la pandemia.

OACNUDH también indicó que recibió información de “casos de amenazas, incluso de despido, contra periodistas que trabajaban en medios de comunicación pro-Gobierno, si no seguían la línea editorial impuesta por sus editores” (2018, p. 36), sin embargo no se encontraron más denuncias o contabilización pública sobre despidos arbitrarios a este gremio.

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Notas

^[1]    Testimonio tomado el 19 de mayo de 2018.

^[2] Todos los recintos universitarios se repiten tanto en las expulsiones como en los despidos.

^[3] Referencia en torno al caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores vs. Panamá).