Persecución: asedio, acoso, intimidación, amenazas u hostigamiento

Arte: Alicia Henriquez

El viernes 11 de mayo, […] acompañada por otra integrante del movimiento costeño autoconvocado “Sasha Castillo”, nos presentamos a la radio [“La Costeñísima”] a invitar a la población de Bluefields a que asistieran a un plantón frente al Ministerio Público de Bluefields a […] con el objetivo de exigir […] justicia y esclarecimiento de la muerte del periodista Ángel Gahona y la liberación de Brandon Lovo y Glen Slate, [quienes] estaban siendo acusados injustamente por la fiscalía por la muerte del periodista […] asesinado el 21 de abril. Luego de la intervención, el delegado del Ministerio de Gobernación para la Región Autónoma Costa Caribe Sur de Nicaragua llamó a la radio y dijo que “éramos unas mierdas” y luego nos amenazó diciendo “no sé qué más quieren esas mujeres. Primero fue lo de Indio Maíz y se resolvió. Después, lo del INSS y se resolvió. ¿Por qué siguen insistiendo en incitar a la gente?, ¿no fue suficiente con la muerte de Ángel Gahona?, ¿quieren más sangre? Hemos sido pacientes, pero todo tiene un límite y nos están cansando. Tanto va el balde al pozo, que al final se rompe.
Testimonio recibido por la CIDH en Managua[1]( 2018b, p. 33)

La persecución fue señalada por GIEI como uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua, e indica que se trata de que:

El autor haya privado gravemente a una o más personas de sus derechos fundamentales en contravención del derecho internacional, que el autor haya dirigido su conducta contra esa persona o personas en razón de la identidad de un grupo o colectividad, y que su conducta haya estado dirigida contra esas personas por motivos reconocidos como inaceptables, como motivos políticos. Si bien los hechos de asesinatos, torturas, encarcelaciones y violaciones podrían configurar el crimen de lesa humanidad de persecución, los actos de persecución no se limitan a ellos.

Un rasgo importante de este crimen de lesa humanidad es el ánimo discriminatorio. A este respecto, Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos describieron parte de los hechos como una “caza de brujas”, haciendo referencia a “patrones de represión de todo disenso (…) indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones estructurales que dan apoyo a las voces opositoras”(2018, pp. 232-233).

Para efectos del desarrollo de este hecho victimizante, se tomarán  únicamente conductas relacionadas al asedio, acoso, intimidación, amenazas u hostigamiento directo hacia personas opositoras.

El Monitoreo Azul y Blanco bajo la categoría “Hostigamientos” y “Agresiones” reporta que se han dado 3.562[2] hechos de persecución[3] hasta  el 31 de diciembre de 2020 (MAB, 2021).

Algunas formas de persecución registradas 2018-2020 (MAB)[4]:

  • Presencia intimidatoria de policías o grupos paraestatales durante funerales de personas asesinadas en el marco de la represión.
  • Presencia intimidatoria de policías o grupos paraestatales en las afueras de hospitales con manifestantes internados.
  • Pintas en casas de opositores con frases como “golpistas” o “PLOMO”.
  • Persecución, retención y/o requisa de vehículos donde se movilizan opositores.
  • Circular listas de “golpistas” por vías digitales.
  • Retiro de residencias y ciudadanías a personas opositoras extranjeras.
  • Vigilancia en viviendas, centros de estudio y lugares de trabajo con paraestatales o policías.
  • Campañas de denuncia, desprestigio y difamación.
  • Mensajes anónimos debajo de las puertas de las casas.
  • Amenazas de violación sexual.
  • Amenazas telefónicas y virtuales.
  • Retenciones migratorias en puestos fronterizos.
  • Bloqueo de salida de las viviendas.
  • Destrucción o daños de tumbas de personas asesinadas en el marco de la represión.
  • Persecución focalizada a la Iglesia Católica.
  • Presencia de efectivos de la Policía o el Ejército para interrogar a opositores en sus casas (Nicaragua Nunca+, 2019a, p. 51).
  • Vigilancia a trabajadores estatales que no simpatizaban con el gobierno (CIDH, 2020c, p. 28).
  • Amenazas contra hijas/os, nietos/as, sobrinas/os y otras personas de la familia, especialmente contra mujeres (Nicaragua Nunca+, 2020c, p. 19).


Autores identificados por las víctimas u organismos de DDHH:

  • Policía Nacional (Nicaragua Nunca+, 2019a, p. 51).
  • Ejército de Nicaragua (Nicaragua Nunca+, 2019a, p. 51).
  • Grupos paraestatales (MAB[5]).
  • Grupos progubernamentales[6] (OACNUDH, 2021, p. 6): grupos de choque y/o turbas (MAB), aparatos de vigilancia y control social y político organizados territorialmente a través de los Gabinetes de Familia, anteriormente Consejos de Poder Ciudadano (CPC), así como los Comité de Liderazgo Sandinista (CLS)” (CIDH, 2020c, p. 28).
  • Personas afines al gobierno: trabajadores del Estado y partidarios del FSLN (MAB).

Se registró que el grupo que mayoritariamente sufre  de este tipo de hechos victimizantes son defensores y defensoras de DDHH, así como personas opositoras (CIDH, 2020b, p. 1) especialmente quienes son líderes y activistas de la protesta social. También se observaron incrementos de dichos actos en el marco de conmemoraciones o fechas relevantes como el segundo aniversario del inicio de las protestas (MAB, 2020b) o las fiestas patrias de 2020 (MAB, 2020c, p. 1).

En el país de origen (en referencia a las causas de la migración forzada), la persecución viola diferentes derechos, como ha sido indicado en este informe, derechos contemplados en la CADH de la OEA (1969) como la integridad personal (Art. 5), a la libertad personal (Art. 7), a las garantías judiciales (Art. 8), de libertad de pensamiento y expresión (Art. 13), de reunión (Art. 15), entre otros.

OACNUDH ha indicado que “la sistemática persecución y represión de la disidencia o de la oposición así percibida por parte de las autoridades gubernamentales y grupos progubernamentales, sumado a la continua intimidación por parte de grupos armados progubernamentales, ha resultado en un clima de temor generalizado, frustración y desesperación en la población.” (2018, p. 22)

Para OACNUDH “la propagación del COVID-19 también ha contribuido a exacerbar las limitaciones indebidas que ya existían, así como la estigmatización y la persecución de quienes criticaron la respuesta del Estado a la pandemia”  (2021, p. 4).

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Notas

[1]   Testimonio tomado el 19 de mayo de 2018.

[2] Suma de “Hostigamientos” (2.060) y “Agresiones” (1.502).

[3] El MAB indica sobre las cifras que: “dadas las limitaciones de información, existe la posibilidad de un subregistro de incidentes … e incluso, en algunas ocasiones, derivar en información no verificada”.

[4] Registro interno del Monitoreo Azul y Blanco, ver nota arriba.

[5] Estos autores y hechos fueron verificados a través del registro interno de denuncias del Monitoreo Azul y Blanco al que tuvimos acceso para efectos de esta sistematización.

[6] Según OACNUDH: “partidarios del Gobierno atacaron físicamente y/o amenazaron a personas percibidas como opositoras. En la mayoría de esos casos, los autores vestían los colores o portaban banderas del partido gobernante