La Víctima Colectiva Que Somos

María José Díaz Reyes. Trabajadora social y antropóloga. Estudiante de doctorado en Antropología Social en CIESAS, CDMX.

Fotobordado: Alicia Henríquez y LaFritangaNica

El informe titulado Nada está olvidado describe los doce hechos victimizantes que constituyen lo que el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI 2018) señala como crímenes de lesa humanidad. Sin duda, los asesinatos, las detenciones arbitrarias, la tortura, la violencia sexual, persecución, la violación al derecho de salud, la expulsión y despidos arbitrarios, las confiscaciones, la represión ante la protesta social, la violación a la libertad de expresión y de asociación, la desaparición forzada y la migración, han generado un hito en la vida social que marcará la historia contemporánea de Nicaragua.

Estos hechos victimizantes tienen muchos responsables a distintas escalas, prevalecen funcionarios de entes estatales, aparatos paraestatales (parapolicías y paramilitares) y ciudadanos afines al partido del gobierno. Los responsables se agrupan en tres grandes asociaciones: el estado nicaragüense, líderes y militantes del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y la familia Ortega-Murillo, estas tres entidades, en el caso referido en el informe, vivieron una fusión como un solo supraaparato represivo. Esta fusión, aunque se venía denunciando antes de 2018, opera como máquina criminal desde las estructuras barriales / comunitarias hasta el control de los espacios públicos y privados desde abril de 2018 y hasta la fecha de este informe. Es un control casi total, casi porque la resistencia popular y de periodistas insiste en existir.

La materialidad de estos hechos victimizantes se ha perpetrado, por una parte, sobre ciudadanos que han experimentado y sobrevivido a los ataques, y, por otro lado, a ciudadanos que no sobrevivieron y cuyos familiares encarnan demandas de justicia. En ambos casos —sobrevivientes y familiares— se constituyen anclados bajo la legitimidad del sufrimiento personal (Jelin 2017) en las víctimas directas de los crímenes de lesa humanidad. La identidad de víctimas directas no debe ser vista como una identidad estable ni homogénea, esta presenta complejidades propias del conflicto mismo; vemos cómo no todas las personas afectadas se nombran desde ahí, sobre unos cuerpos se experimentaron  múltiples hechos victimizantes, como experiencias similares generan lecturas distintas sobre lo que pasó, y más aún, también es diversa la posición sobre cuál rol debe asumir la víctima directa en el —aún— conflicto.

Y a pesar de su heterogeneidad, coincidimos en que estos cuerpos atestiguan en primera persona los hechos victimizantes, encarnan el dolor, estuvieron en la primera línea de las agresiones, estas personas existen, están ahí y demandan la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición.

Al reflexionar sobre los doce hechos victimizantes contenidos en el informe, encuentro que, por la naturaleza de movilización masiva, los niveles de crueldad alcanzado, y el uso masivo de redes sociodigitales para atestiguar y registrar lo que pasaba desde todos los lugares de Nicaragua, sostengo que podríamos hablar de la existencia de la víctima colectiva, donde quizás alcancen  la mayoría de los ciudadanos que se vieron afectados por las acciones de la supramáquina del estado-partido-familia. Quizás nombrarnos desde esta identidad, permitiría, por una parte, darle el justo lugar a todo el duelo generalizado que vivimos gran parte de la sociedad, y por otra, podríamos hablar de políticas públicas de reparación colectiva llegado el momento de justicia transicional.

El acercamiento a esta definición identitaria es un terreno muy polémico, pareciera que tenemos miedo de que entre en tensión con la voz y legitimidad de las víctimas directas, yo encuentro que ambas identidades responden a análisis sociales distintos y por tanto jurídicos, que ambas no se tensionan sino por el contrario, se complementan y nutren.

La situación límite realizada por la supramáquina estado-partido-familia y las acciones de resistencia popular que se desplegaron fueron transmitidas en tiempo real por las redes sociodigitales, estas jugaron un papel fundamental en la transmisión de discursos y en el proceso de comunicar las diferentes situaciones que se vivían en todo el territorio nacional, el portal tecnológico Datareportal en su página web ha publicado informes desde 2017 hasta 2021 de usos tecnológicos para Nicaragua, (Datareportal s.f.), el portal informa que el país incrementó los usuarios de internet y de redes sociales entre 2018 y 2020 (2018: 43%, 2019: 46% y 2020: 47%). Los datos recogidos por el portal son publicados cada enero, lo que nos hace observar que para el informe del 2019 que corresponde a la movilidad del 2018, la proporción de aumento de todos los indicadores del año 2018 fue mayor respecto a los años previos y posteriores.

El acceso a internet a través de dispositivos móviles, el uso de redes sociodigitales como Facebook, YouTube y Twitter mostraron  la intensidad de la violencia y defensa desde abril del 2018 hasta la fecha. Las redes sociodigitales fueron en cierta forma el mecanismo ciudadano para informarse, comunicarse, denunciar y organizarse.

La movilización social, el ataque, la movilización masiva, el contraataque y las múltiples acciones de resistencia y de vigilancia que se han explayado por parte de ciudadanos y operadores de la supramáquina, fueron transmitidos en vivo y transmitidos desde cualquier plataforma en línea, así el dolor instalado en un cuerpo material —el mío—, un cuerpo que es un yo-singular y al mismo tiempo un yo-plural, vive el evento límite desde los múltiples ojos que nos ofrecen las cámaras de los celulares de quienes estaban en los espacios de ataque-resistencia. Datareportal informa que en enero del 2019 la suscripción a móviles (celulares) era de 9.6 millones, es decir en relación con la población total del país representa el 152%.

Cada celular fue un ojo capaz de procrear a un Argos, el gigante de cien ojos, y este a su vez a otros Argos. Aquí me detengo para explicar que hay ciertos eventos de la vida situada en los espacios geográficos que borran la frontera con la vida virtual, pues ante este tipo de evento ¿Podríamos hablar de “dolor virtual”? Es así como surge la víctima colectiva, como el cuerpo colectivo que mediante la acción de producir y consumir los eventos de ataque y resistencia, participaron y atestiguaron las expresiones límites de la violencia, dos casos paradigmáticos: la transmisión  en vivo de la ejecución del periodista Ángel Gahona el 21 de abril de 2018, en un primer momento el ojo de su cámara de celular fue nuestro ojo atestiguando la noticia que buscaba transmitir Gahona, nuestro ojo pasa a otro ángulo cuando lo ejecutan y atestiguamos el disparo desde el Argos de su colega periodista, así, esta ejecución generó víctimas directas y víctimas colectivas; aquellas personas que lo vimos y que instalamos el dolor, duelo, pérdida de aquel evento que a todas luces es traumático y repentino.

Un segundo ejemplo, es la casa que fue quemada en el barrio Carlos Marx el 16 de junio del 2018, las imágenes de aquella casa de tres pisos color verde quemándose, los gritos desgarradores de una de sus sobrevivientes son imágenes que aún están instaladas en la memoria de miles de nicaragüenses, incluso, si no estuvieron físicamente en el evento.

Podemos asumir que estamos ante ciertos fenómenos sociales que borran la frontera entre las experiencias humanas de lo virtual y lo no virtual, tanto el espacio y el tiempo como la experiencia humana se vuelve compleja, porque justamente las redes sociodigitales fueron una especie de red viva, tejido orgánico que posibilitó contar y escuchar en primera persona del plural y singular aquello que estaba pasando, las redes sociodigitales jugaron de alguna forma el papel tradicional de las redes sociales que la antropología antes había estudiado.

Un ejemplo más y que va más allá de la presencia y uso de las redes sociodigitales, informes de derechos humanos (CIDH 2019), dan cuenta de la migración de 100,000 nicaragüenses, una movilidad nunca vista para el país. Estos ciudadanos salieron huyendo del conflicto: ya sea por razones de persecución o por la severa crisis económica, o por ambas situaciones. Estos ciudadanos son víctimas colectivas de la supramáquina estado-partido-familia, al mismo tiempo muchos de ellos se constituyen en víctimas directas al huir en su condición de sobrevivientes de los múltiples ataques.

Los ejemplos siguen, el informe Nada está olvidado da cuenta de lo que pasó, conocer el impacto psicosocial que estos eventos límites generan en una sociedad será tarea de la psicología nicaragüense, sin embargo, sugiero necesario que se establezcan estos primeros diálogos para entender que cuando el estado-nación es quien  ataca-contraataca y masacra a su población hay una especie de interrupción del contrato estado-ciudadano que plantea que el estado es el órgano de protección de la vida de sus ciudadanos.

La vida al ser amenazada de forma colectiva y hasta masiva, esta como un bien jurídico lacerado por el propio estado con alevosía, premeditación y ventaja, se vuelve entonces necesario que los procesos de justicia transicional incorporen acciones a través de políticas públicas que contribuyan a nombrar la pérdida colectiva de la seguridad física y psicosocial, ayudaría procesar el duelo colectivo por todas y todos los asesinados y ante todo, nombrar a la víctima colectiva contribuiría al proceso de coser el tejido comunitario/barrial que a fin de cuentas es el espacio donde habitan  las víctimas directas y la víctima colectiva.

Trabajos citados

• CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Migración forzada de personas Nicaragüenses a Costa Rica. Informe de derechos humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019.
• Datareportal. Datareportal. s.f. https://datareportal.com/.
• GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. «Informe sobre los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua.» 2018.
• Jelin, Elizabeth. La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. Buenos Aires: Siglo XXI, 2017.